Miles de casas ilegales pagarán el IBI a los ayuntamientos
La firma pública Imelsa ha hecho una radiografía aérea del territorio y firma un convenio con Catastro para que los alcaldes puedan dar de alta viviendas fantasma en tiempo récord. La diputación tendrá una nueva área de estrategias de ayuda a las economías municipales.
La negligencia de las instituciones desde la década de los sesenta o la permisividad en los años del boom inmobiliario alimentaron las construcciones fuera de ordenación, que han llevado recientemente a más de un alcalde (Montroy, Llíber o Catral son sólo tres ejemplos) a los tribunales o a la cárcel acusados de delitos de presunta corrupción como la prevaricación.
Las reformas de vivienda siempre son imprevisibles. Se empieza por el remiendo de dos tejas en una casita para aperos de labranza y acaba convirtiéndose en una mansión con diez dormitorios, dos cocinas y cuatro baños. Creciendo como champiñones muchas viviendas ilegales, muy a menudo, en suelo rústico.
En Montroy, se contabilizan un millar y en la vecina Montserrat, entre 2.000 y 5.000, según el concejal o partido que las cuente. Son algunas de la cifras del desastre que en raras ocasiones ha tropezado con expedientes de infracción urbanística, que casi siempre se han sustanciado en meras sanciones económicas y contadas veces con demoliciones. Entre otras razones porque la ley impide generalmente los derribos pasados cuatro años.
Saber cuántas casas ilegales no localizadas existen resulta imposible hasta que cada consistorio no las cense.
La próxima semana se dará a conocer a los alcaldes el procedimiento concreto para que Imelsa valide las nuevas construcciones.
Fuente: Levante-emv.
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