Mariscal / EFE
FINANZAS
España ha aprobado leyes que buscan proteger al inquilino y controlar el mercado, sin embargo, no siempre es asi.
En España, independizarse se ha convertido en una misión casi imposible para buena parte de los jóvenes. Cada vez son más los que rondan los treinta y siguen viviendo con sus padres, no por falta de ganas, sino porque los precios de la vivienda y del alquiler no dan tregua. Comprar un piso es impensable para muchos, y alquilar tampoco es tarea fácil.
El mercado del alquiler vive una situación tensa desde hace años. Los precios no dejan de subir, la oferta se reduce y, para colmo, compartir piso se ha vuelto casi la única salida viable para quienes quieren dar el paso de irse de casa. A eso se suma la incertidumbre: muchos inquilinos no saben cuánto tiempo podrán quedarse en el mismo sitio sin miedo a una subida descontrolada o a que no les renueven el contrato.
Para intentar poner algo de orden, el Gobierno ha ido aprobando leyes que buscan proteger al inquilino y controlar el mercado. Sin embargo, no todos están de acuerdo con estas medidas, y las tensiones entre propietarios e inquilinos siguen estando muy presentes. En medio de este panorama, una nueva polémica legal ha vuelto a encender el debate sobre hasta dónde llegan los derechos de unos y de otros.
Cláusula de rescisión anticipada
Y es que actualmente, son muchos los contratos de alquiler incluyen una cláusula que permite al propietario recuperar la vivienda sin necesidad de justificar una causa específica y cuando quiera. Esta cláusula puede permitir la rescisión del contrato en un plazo corto, con un preaviso mínimo de siete días, sin que el inquilino tenga derecho a compensación.
Los contratos que contienen esta cláusula suelen estipular que cualquier conflicto se resolverá en tribunales de arbitraje, en lugar de en los tribunales ordinarios. Esto puede limitar las opciones de defensa del inquilino y acelerar el proceso de desalojo.
La inclusión de esta cláusula puede permitir al propietario eludir las protecciones que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ofrece a los inquilinos, como el derecho a permanecer en la vivienda durante un mínimo de cinco años. Esto puede dejar al arrendatario en una situación de vulnerabilidad y sin recursos legales efectivos para defender su permanencia en la vivienda.
Esta clausula de rescisión anticipada es algo que el Gobierno permite, pues en los contratos privados de alquiler se pueden incluir cláusulas que incluso algunos podrían considerar abusivas, como podría ser esa, siempre que no vulneren expresamente la LAU. Cabe destacar, sin embargo, que si existen dudas sobre su legalidad se puede consulta con un asesor y denunciar.
Por este motivo, las organizaciones de consumidores avisan de que es fundamental que los inquilinos estén informados sobre sus derechos y las implicaciones de las cláusulas contractuales para evitar situaciones de desalojo inesperado. Además, se recomienda revisar cuidadosamente el contrato de alquiler antes de firmarlo, prestando especial atención a esas cláusulas; negociar la eliminación o modificación de las mismas -si las hubiera- y llegado el caso, consultar con un asesor legal.
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